Estados Unidos ha lanzado una advertencia contundente al gobierno de Pedro Sánchez, abriendo una investigación formal que podría resultar en sanciones severas contra España. La controversia se centra en la reciente adjudicación de un contrato de más de 12 millones de euros a Huawei para la gestión de escuchas judiciales, lo que ha desatado un choque diplomático sin precedentes entre Madrid y Washington.

El 8 de agosto, los congresistas republicanos Richard Hudson y Gas Bailey Rikis enviaron una carta al secretario de comercio, exigiendo una investigación sobre este acuerdo, advirtiendo que representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos y el comercio digital. Este giro ha elevado la situación a un nivel federal, planteando la posibilidad de sanciones tecnológicas o restricciones comerciales que podrían aislar a España en el ámbito internacional.

La directora de inteligencia nacional de EE. UU. ha iniciado una investigación formal, cuyo informe se espera en los próximos días. Washington ha fijado el 31 de agosto como fecha límite para que España revoque el contrato con Huawei, advirtiendo que de no hacerlo, podría ser incluida en la lista negra de países que permiten a la empresa china acceder a infraestructuras críticas. Este estatus ha sido reservado hasta ahora para aliados de Pekín y naciones fuera de la OTAN.

El gobierno de Sánchez ha defendido la adjudicación, asegurando que el sistema Ocean Store 6800 opera de manera segura, sin conexión exterior, y que las escuchas son exclusivamente para investigaciones judiciales. Sin embargo, estas explicaciones han caído en oídos sordos en Washington, donde la preocupación por la seguridad es palpable.

Con el reloj corriendo y la presión aumentando, la situación se torna cada vez más peligrosa. España se encuentra al borde de un precipicio diplomático, y el margen de maniobra de Sánchez se reduce drásticamente. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrolla este tenso enfrentamiento entre dos potencias.