Estados Unidos ha encendido las alarmas y ha puesto a Pedro Sánchez en el centro de una tormenta diplomática. La administración estadounidense ha abierto una investigación formal sobre la adjudicación del contrato a Huawei por más de 12 millones de euros para la gestión de escuchas judiciales en España, lo que podría desencadenar sanciones severas contra el país europeo. Este movimiento ha intensificado las tensiones entre Washington y Madrid, generando un clima de incertidumbre y preocupación.

El pasado 8 de agosto, los congresistas republicanos Richard Hudson y Bailey Rikis enviaron una carta al secretario de comercio de EE. UU., exigiendo que se investigue el contrato con Huawei, al considerarlo una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense y a la integridad del comercio digital. La situación ha escalado rápidamente, con advertencias claras de que, si España no revierte este acuerdo, podría enfrentarse a sanciones tecnológicas y restricciones comerciales.

La directora de inteligencia nacional de EE. UU. ha iniciado una investigación que se espera concluya en los próximos días, y Washington ha fijado el 31 de agosto como fecha límite para que el gobierno español actúe. Las repercusiones podrían ser devastadoras: España podría ser incluida en una lista negra de naciones que han permitido a Huawei acceder a infraestructuras críticas, un estigma que hasta ahora solo han soportado países con vínculos estrechos a Pekín.

A pesar de los intentos del gobierno de Sánchez de defender la adjudicación, argumentando que el sistema Ocean Store 6800 opera de manera segura y aislada, estas explicaciones no han convencido a las autoridades estadounidenses. La situación es cada vez más crítica y el tiempo se agota. La presión sobre Sánchez es máxima y su margen de maniobra se reduce drásticamente. La pregunta en el aire es clara: ¿podrá España evitar un enfrentamiento con una de las potencias más poderosas del mundo?