La reciente condena a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha desatado un intenso debate en la sociedad, evidenciando la profunda división que persiste entre los ciudadanos. En un análisis reciente, se destacó que, aunque un 55% de los argentinos apoya el fallo judicial, un 40% lo considera injusto y defiende a Fernández como una líder indiscutida. Este fenómeno refleja una polarización que ha marcado la política argentina en los últimos años.

La encuestadora que realizó el estudio subrayó la necesidad de una justicia equitativa, cuestionando: “¿y qué pasa con Macri?” Esta pregunta resuena en un contexto donde muchos ciudadanos exigen que todos los actores políticos sean juzgados con la misma vara, independientemente de su afiliación. La percepción de la Corte Suprema ha mejorado ligeramente tras el fallo, pero persiste una desconfianza generalizada hacia la institución, que anteriormente había registrado niveles alarmantemente bajos de credibilidad.

La decisión de la Corte de rechazar una queja presentada por representantes de Mauricio Macri para apartar a dos jueces también ha captado la atención. Este movimiento se interpreta como un intento de la Corte de demostrar imparcialidad en un clima político cargado de tensiones. Sin embargo, la realidad es que la imagen de la Corte sigue profundamente afectada por la grieta política que divide al país.

El análisis sugiere que la Corte no solo está respondiendo a la presión pública, sino que también se enfrenta a un dilema de legitimidad en su función como máxima autoridad judicial. La situación actual plantea preguntas sobre el futuro de la justicia en Argentina y cómo las decisiones políticas seguirán influyendo en la percepción pública de las instituciones. La sociedad observa detenidamente, en busca de una justicia que sea verdaderamente equitativa y que no distinga entre líderes y ciudadanos comunes.