El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dado un golpe contundente al socialista Miguel Ángel Gallardo, al declarar “fraudulento” su aforamiento, un movimiento que buscaba eludir la justicia ordinaria. En un auto contundente, la corte ha dejado claro que no se puede manipular el sistema para escapar de las consecuencias legales. Gallardo, ex presidente de la Diputación de Badajoz y actualmente diputado regional del Partido Socialista, se enfrenta a acusaciones graves de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en un escándalo relacionado con la creación de una plaza pública adjudicada a un músico en 2017.

La maniobra de Gallardo, que implicó la renuncia simultánea de cuatro candidatos de su partido para permitir su entrada como diputado y obtener el aforamiento, ha sido desmantelada por los jueces, quienes han calificado la acción de burda y carente de justificación. En su fallo, el tribunal enfatiza que no hay circunstancias imprevistas que justifiquen tal estrategia, sino una clara intención de eludir la justicia.

La Fiscalía, aunque ha defendido la legalidad de la maniobra, no ha logrado convencer a la sala, que ha reafirmado que el aforamiento no puede ser utilizado como un escudo para evitar un juicio. Este desenlace no solo representa un duro golpe para Gallardo, sino que también expone la vulnerabilidad del Partido Socialista ante la justicia, dejando al descubierto su intento de proteger a figuras cercanas al poder, incluido el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con la causa devuelta a la jueza instructora de Badajoz, Beatriz Viezma, el mensaje es claro: nadie, por muy alto que sea su cargo, está por encima de la ley. La decisión del tribunal marca un precedente crucial en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la política española. La presión está sobre el Partido Socialista, que ahora debe enfrentar las consecuencias de sus acciones y la crítica pública en un momento de creciente desconfianza hacia las instituciones.