El Tribunal Supremo ha dado un golpe devastador al Fiscal General, Álvaro García Ortiz, al confirmar su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha exigido su suspensión inmediata en cuanto se inicie el juicio oral, un movimiento que ha sacudido los cimientos de las instituciones.

Este hecho no solo representa un mazazo político, sino que también plantea serias dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial. La APIF ha señalado que García Ortiz, al permanecer en su cargo, podría influir en la actuación del fiscal que se encargará de su propio juicio, lo que comprometería el principio de legalidad consagrado en la Constitución. La situación es crítica: el riesgo de una distorsión procesal es inminente, y la credibilidad del sistema judicial se encuentra en juego.

Ante esta presión, el Tribunal Supremo podría actuar de manera preventiva y cesar a García Ortiz de todos sus cargos, al menos hasta que se resuelva el juicio. Esta petición, respaldada por una asociación de fiscales, añade una carga considerable sobre el Fiscal General, quien podría ser destituido en cuestión de horas o días.

La urgencia de este caso no puede ser subestimada. La legalidad del proceso judicial está en la cuerda floja, y cualquier decisión que se tome en las próximas horas será crucial para la confianza del público en las instituciones. La situación es tensa, y todos los ojos están puestos en el Tribunal Supremo y en la respuesta del gobierno. La integridad del sistema judicial español pende de un hilo, y el desenlace de esta crisis podría redefinir el futuro de la Fiscalía.